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El debate sobre el derecho de cualquier mujer a la reproducción asistida nos atañe a todos

¿Tienen derecho todas las mujeres a ser madres a través de la reproducción asistida pública en la actualidad? La polémica estalló el pasado jueves cuando El País sacó a la luz la propuesta que el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad (sic) hizo llegar a las comunidades autónomas antes del Consejo Interterritorial de Salud de este martes.

En principio, el documento propuesto recogía barbaridades como que sólo las «parejas integradas por un hombre y una mujer» tuvieran acceso a este servicio. Por fortuna, esta mención homófoba y machista ha sido finalmente retirada del texto presentado y ha vuelto a quedarse como estaba: se financiarán estos tratamientos «sin valorar en ningún caso ni las prácticas ni la tendencia sexual», aunque para ello debe haber «un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida».

No es ésta, la que existía hasta ahora, la mejor forma de garantizar un derecho de las mujeres que deciden tener un hijo biológico con su pareja -sea ésta de distinto sexo o no- o en solitario. En los casos de parejas homosexuales o aquéllas que prefieran optar por la maternidad sin mantener relaciones con un hombre, tan sólo podrán hacerlo, como hasta ahora, basándose en esa última «indicación clínica establecida», es decir: a criterio del facultativo o, lo que es peor, de cada centro o comunidad autónoma.

Por eso, resulta extraño leer valoraciones como ésta de la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía:

Puede ser que Montero, presente en el Interterritorial, no tuviera acceso a los mismos documentos que María Sahuquillo, la redactora de El País responsable de la información, pero la excepción recogida es prácticamente la misma que existía cuando su partido, el PSOE, ocupaba la Moncloa.

Como bien me señalaba Isabel Atencia, el artículo 6 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, indica que la mujer puede ser usuaria o receptora de las técnicas de reproducción asistida «con independencia de su estado civil y orientación sexual». Pero de ahí al propuesto «sin valorar en ningún caso ni las prácticas ni la tendencia sexual» tampoco es que haya demasiada diferencia.

No obstante, que las mujeres puedan tener acceso a este derecho no implica que éste esté cubierto por la Seguridad Social. El artículo 5.3.8 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, reconoce como cubierta la reproducción humana asistida cuando, entre otras causas, «haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida». La condición vuelve a quedarse como estaba.

Se trata de una rectificación a medias, porque el texto propuesto abre la puerta a que sean las propias comunidades que quieran seguir prestando el servicio las que lo financien con sus maltrechas cuentas. Además, introduce «problema médico» como definición de la esterilidad, algo que hasta ahora no sucedía. Y ya sabemos, por la nueva barbaridad que viene a sustituir la anterior, que para Ana Mato, «la falta de varón no es un problema médico».

Así que, si Montero quería garantizar la cobertura de tratamientos de fecundación para las lesbianas y solteras, podría haberle recordado esa «visión tan miope» a su compañera de partido Elena Salgado, ministra de Sanidad y Consumo en 2006, cuando se aprobó la cartera de servicios comunes del SNS.

Pero que los árboles no nos impidan ver el bosque: el debate sobre el derecho de cualquier mujer a concebir nos atañe a todos, porque comprende un concepto de sanidad pública que se resume en una frase: «La financiación pública debe ser para la curación». Y de eso, ni mujeres ni hombres estamos a salvo.